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Sector privado y ODS: del ‘puede’ al ‘debe’

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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados en el seno de Naciones Unidas por 193 Estados miembros son una urgencia constatada en cifras alarmantes. Tantas, que no pueden resumirse en un solo artículo. Baste decir que 836 millones de personas viven en la pobreza extrema, que hoy una de cada cinco personas de las regiones en vías de desarrollo subsiste con menos de 1,25 dólares al día, o que 4.500 niños mueren a diario por carecer de agua potable a la que solo accede un 36% de la población del África subsahariana. Una situación en la que tienen mucho que ver la los derechos humanos (o más bien la falta de) y el ya imparable cambio climático.

Lo acordado en el Plan de Desarrollo Sostenible es ambicioso: en apenas 14 años pretenden «reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones». La pregunta que muchos se hacen es si son pretensiones utópicas. La hoja de ruta que deben seguir empresas y gobiernos en los próximos 15 años tiene 17 objetivos que se desglosan en 169 metas. El reconocido activista y autor del blog 3.500 millones, ideas irreverentes contra la pobreza, Gonzalo Fanjul, advierte del peligro de que «por su amplitud, se convierta en inoperante».

Cuando desde la ONU aseguran que la hoja de ruta incluye a empresas, no se ciñen al sector público: el privado también tiene una responsabilidad en su consecución. Desde la organización reconocen «su fuerza transformadora, porque estas son las fuentes principales de recursos económicos y participan en la mejora de la calidad de vida de las personas», y añaden: «Todos los sectores productivos y las empresas, sin importar su tamaño, pueden contribuir».

Tal vez el problema esté en el «pueden», como matizan desde la consultora Llorente & Cuenca, que acaba de lanzar su informe Los retos de las empresas frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Los ODS son voluntarios para el sector privado, pero no considerarlos hará que las empresas se queden rezagadas y esto afectará a su reputación y perderán oportunidades de negocio valiosas», asegura la portavoz del estudio, Paola Gómez. «Para contribuir al cumplimiento de estos objetivos el sector privado debe preguntarse qué puede aportar a cada uno de los ODS y definir los compromisos que necesita adquirir», coincide Jaume Corbellá, responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Repsol. «Para ello debe identificar qué metas de las especificadas se ven influenciadas por su actividad, fijar sus prioridades y establecer unos indicadores específicos con los que medir sus avances», explica.

Existen herramientas para todo esto. Las organizaciones GlobalReporting Initiative (GRI), The United Nations Global Compact (Pacto Global) y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) han desarrollado el SDG Compass, un protocolo de actuación para facilitar a las compañías la labor de identificar cuál puede ser su aportación y fomentar que adquieran compromisos y comuniquen sus avances. «Es fundamental entender que según el Pacto Global no todos los ODS son relevantes para todas las empresas, grandes y pequeñas, que pueden contribuir», advierten en Llorente & Cuenca.

«Las empresas de nuestro país presentan un alto grado de sensibilización en materia de desarrollo sostenible», reconoce la directora general de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Isabel Garro. «Algunas de ellas son líderes en la redefinición de su estrategia conforme a los parámetros de la Agenda de Desarrollo y lo que pretendemos es que encuentren en la sostenibilidad una oportunidad de negocio». La experta advierte, eso sí, que en España se ha avanzado mucho en los últimos años, pero que aún queda un enorme trabajo por delante. «El sector privado tiene mucho que decir en educación, en innovación, en alianzas, en procedimientos, en tecnología… Es su oportunidad para que, cuando dentro de quince años se haga balance de esta agenda, comprobemos que hemos sido capaces de lograr lo que creíamos imposible», añade Garro.

Aún estamos en los primeros compases y por el momento es plausible la implicación gradual del sector privado, aunque no hay que olvidar que no es el único sector con responsabilidad. «Conseguir su efectiva implementación requiere el compromiso y esfuerzo no solo de los gobiernos, también de la sociedad civil, las empresas privadas y el sector académico», opina Corbellá. «En nuestro caso, participamos, como empresa miembro de IPIECA (Asociación Mundial del Sector del Petróleo y el Gas), en un grupo de trabajo creado específicamente para abordar los impactos potenciales en los ODS de forma conjunta, desde la perspectiva del sector. El grupo tiene por objeto definir conocimiento compartido sobre cuáles son las implicaciones de los ODS para el sector del petróleo y el gas, y cómo nuestra industria puede contribuir más eficazmente a alcanzarlos en distintas partes del mundo», cuenta.

Corbellá no duda: «Los ODS presentan sin duda una agenda muy ambiciosa, pero no inalcanzable». «Cada vez más empresas se muestran concienciadas con el cumplimiento de los ODS y trabajan en pos de un desarrollo local sostenible. Si bien aún es pronto para afirmar la superación de estos objetivos en 2030, los compromisos adquiridos en los últimos arrojan cierto optimismo al respecto», concluye.

Por Luis Meyer

Fuente: http://ethic.es/

Los consejeros de las cotizadas acortan su mandato

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La presencia de los vocales en los órganos de administración apenas supera los siete años, aunque varía según la categoría de consejeros.

La Ley de Sociedades de Capital dice que la duración del mandato de los miembros del consejo de administración debe estar determinada por los estatutos sociales de la empresa, sin que en ningún caso supere los cuatro años. Los consejeros podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por periodos de igual duración. Para cumplir esta disposición, las compañías cotizadas han hecho cambios en sus reglamentos y normativas internas, rebajando el periodo de mandato que, en algunos casos, llegaba a los seis años. La antigüedad de los consejeros disminuyó, en promedio en 2015, situándose en 7,3 años, frente a los 8 años de 2014, según los datos recopilados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de los informes de gobierno corporativo que presentan las sociedades de la Bolsa.

La antigüedad varía en función de la capitalización y de la categoría de consejeros. Así, en las empresas con menos de 500 millones de euros de capitalización, la antigüedad fue de 7,5 años en 2015 (8,1 en 2014), mientras que en el Ibex fue de 7 años (7,8 en 2014). Por categorías, los vocales ejecutivos acumulan mayor antigüedad, con 10,1 años, mientras que en los dominicales es de 7,9 años y en los independientes es de 5 años (6,1 en 2014).

Según los datos de la CNMV, el 50,3% de los consejeros estuvieron en su puesto menos de 5 años (más de cinco puntos porcentuales más); el 13,8% entre 5 y 8 años; y el 35,9% superaba los 8 años.

Nuevos consejeros

En 2015 se nombraron 225 nuevos consejeros (207 en 2014) en 86 empresas, que representan el 17% del total de vocales de la Bolsa (15,4% en 2014). El porcentaje más alto de nombramientos se produjo en el caso de los independientes (52,9%), seguido de los dominicales (35,1%). Al mismo tiempo, se registraron 205 bajas (229 en 2014) en 83 sociedades. Otros 232 fueron reelegidos en 68 compañías.

El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas recomienda que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo, antes de terminar su mandato explique las razones de su marcha en una carta al resto de miembros del consejo. La mayoría de los estatutos o reglamentos de los consejos de administración recogen las causas de separación y dimisión de los consejeros, entre las que destacan, entre otros, supuestos de incompatibilidad; desaparición de las razones que justificaron su nombramiento; riesgo para los intereses de la entidad; o incumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo.

Explicaciones

Las explicaciones más frecuentes de los ceses recogidas en el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores son los motivos de índole personal y profesional (45,9%). En segundo lugar se encuentran los relacionados con la venta de la participación en la sociedad (15,9%) y la reestructuración del consejo (12,7%), seguidos a más distancia por razones de incompatibilidad (8,9%), operaciones corporativas y fallecimiento o jubilación, con un 4,5% cada una.

En relación con los ceses antes del término de mandato, al igual que en el ejercicio anterior, el porcentaje más alto se produjo en los consejeros dominicales (50,3%), seguido por los independientes (26,1%). En ambos casos, la principal causa para dejar el consejo fueron los motivos personales o profesionales.

Cambios en las categorías de consejeros

La categoría de consejeros que mayor variación experimentó el año pasado fue la de los independientes, a los que la Ley de Sociedades de Capital limita su mandato a doce años. En 2015, 42 compañías modificaron la calificación de 46 consejeros (fueron 43 en 2014). De estas modificaciones, once se realizaron en diez compañías del Ibex. La modificación cuantitativamente más significativa afectó a 17 consejeros independientes: catorce de ellos se recalificaron como otros externos, uno como ejecutivo y dos como dominicales. Seis sociedades (4,4% del total) limitaban el mandato de los independientes a un número de años menor que el establecido legalmente (oscilando entre tres y ocho años). Además, algunas compañías cotizadas también han establecido una edad mínima para que los consejeros ejerzan su mandato como tales. Así, once sociedades (el 8 % de la Bolsa) fijan los 65 años como la edad para la jubilación de sus vocales.

Fuente: http://www.expansion.com/

En la cima de la gestión

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La responsabilidad social corporativa se impone en los consejos de administración empresariales, que crean comisiones específicas para integrarla en la estrategia, haciendo a España pionera en este campo

Las noticias empresariales éticamente cuestionables están en la prensa de todo el mundo. No hay sector que escape a esta realidad, arrastrando a empleados, proveedores, inversores o clientes de las compañías protagonistas. “Igual que la bajada de la marea descubre la suciedad del fondo del mar, la crisis económica ha aflorado las malas prácticas de las empresas”, explica Joan Fontrodona, profesor de ética de IESE Business School. Para atacar el problema, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aconseja en su nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas “llevar los controles de responsabilidad social corporativa (RSC) a los consejos de administración, el máximo órgano de decisión de las empresas”, concreta Fontrodona.

Y así lo están haciendo las grandes compañías cotizadas españolas. El cambio para gestionar los riesgos no financieros desde la cima empresarial es un paso de gigante para cumplir el buen gobierno corporativo. Algunas empresas que encargaron la supervisión de su política de sostenibilidad a las comisiones de auditoría o de nombramientos y retribuciones ahora tendrán una comisión específica dependiente de su máximo órgano de control.

Salto de gigante

“La entrada de la RSC en los consejos de administración de las compañías españolas es pionera en todo el mundo. Es la guinda de la normativa desarrollada en los dos últimos años para asegurar la ética y la transparencia en las organizaciones”, asegura José Luis Blasco, socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en España.

La inversión ética y la exposición de las empresas en las redes sociales apuntan en la misma dirección. Los inversores institucionales presionan para integrar la RSC en las compañías a fin de evitar pérdidas por escándalos medioambientales o sociales provocados por ellas. El consumidor perdona un producto defectuoso, pero no el que esté hecho por niños, y esas malas prácticas se amplifican con las redes sociales. “La confianza de la sociedad forma parte del capital de las empresas. Desarrollar una política ética y vigilar su cumplimiento debe estar en el máximo nivel ejecutivo de las organizaciones. Si los consejos de administración no lo asumen, los inversores pensarán que las empresas tienen lagunas de cumplimiento”, remacha Blasco.

Enagás reconoce la presión de los inversores institucionales internacionales, muy presentes en su capital, para desarrollar una política de RSC exigente. El consejo de administración del operador gasista recogió estas funciones en 2010 y “enseguida ligamos el cumplimiento de esta política a la retribución variable a largo plazo del equipo directivo. Y lo hemos repetido en nuestro compromiso de reducir un 30% las emisiones de CO2 entre 2016 y 2018 sobre las emisiones de los tres años anteriores”, detalla Rafael Piqueras, secretario general de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y RSC de Enagás.

La normativa desarrollada en los dos últimos años ha servido para asegurar la ética y la transparencia empresarial

Acciona ha dado un paso más allá a través de su Comisión de Sostenibilidad (creada en 2009), ligando “una parte de la retribución variable de toda la plantilla a la consecución de los objetivos de sostenibilidad para eliminar las emisiones en 2020. Ya hemos superado en un 40% el objetivo de reducción de emisiones del plan 2010-2015”, afirma Joaquín Mollinedo, director general de relaciones institucionales de Acciona. La compañía, que ha pasado de ser una constructora contaminante a operar con energías renovables, ha cumplido 10 años en el índice Dow Jones Sustainability (DJSI), el indicador de referencia en materia de buen gobierno de las firmas cotizadas en Bolsa, y acaba de entrar en el DJSI Europe.

Bankia se ha estrenado este año en el DJSI, algo llamativo para un banco que tiene a su anterior consejo de administración y al último de Caja Madrid sentados en el banquillo. “Entrar en el DJSI es el reconocimiento del esfuerzo realizado en los últimos cuatro años para ser una de las empresas de gestión más responsables. Tenemos las mejores prácticas de gobierno corporativo, un Comité de Gestión Responsable, y una Comisión de Gestión Responsable integrada en el consejo de administración, algo muy importante para hacer que las políticas en esta materia calen en la cultura de la organización”, asegura David Menéndez, director de Reputación y RSC de Bankia.

Implicación de altura

Algunas de las mayores compañías españolas cotizadas han creado comisiones específicas de RSC en sus comités ejecutivos. Pero no todas. En Telefónica, por ejemplo, esta labor se asigna a la Comisión de Regulación y Asuntos Institucionales, que se reúne mensualmente para aprobar y seguir el Plan de Negocio Responsable; los consejeros delegados de cada país escuchan la adaptación local de este plan y reciben la aportación del Panel Asesor de Negocio Responsable para alinear las prioridades de la compañía con las preocupaciones de sus grupos de interés.

Algunas de las mayores firmas españolas han ligado sus objetivos de sostenibilidad a la remuneración de las plantillas

“La implicación del consejo de administración facilita la ejecución de los objetivos de la política de sostenibilidad de la empresa. Sin su empuje, no habríamos podido convertir el negocio responsable en una de las banderas del nuevo plan estratégico de Telefónica”, asegura Julio Linares, presidente de la citada Comisión de Regulación, que trabaja cotidianamente con el área que desarrolla la política de RSC de la operadora telefónica.

La entrada de la RSC en el consejo de administración de Endesa ha obtenido resultados en tiempo récord. Se adjudicó al Comité de Auditoría y Cumplimiento en septiembre de 2015 y en un año ha metido “los planes para estar libre de emisiones en 2050, digitalizar la cadena de suministro y mantener la electricidad a los clientes vulnerables en el plan estratégico 2017-2019. La entrada de los objetivos no financieros en el consejo de administración ha sido palanca para que la compañía aumente su preocupación por tener un modelo de negocio sostenible”, explica Maria Malaxechevarría, directora general de Sostenibilidad de Endesa.

Los consejeros también se han hecho verdes. Los planes para reducir emisiones han llegado a los órganos rectores corporativos con la RSC. La comisión encargada de estos asuntos en el consejo de Inditex ha revisado la política de sostenibilidad medioambiental del grupo gallego. El presidente de Iberia, Antonio Vázquez, destaca en la memoria anual de la compañía la política de sostenibilidad para reducir el ruido y las emisiones de los aviones, que es doblemente supervisada por el Comité de Dirección y por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del consejo.

Comisiones o no, las empresas controlan la sostenibilidad de distinta forma. No contento con la Comisión de Supervisión de Riesgo, Regulación y Cumplimiento para velar por la sostenibilidad al más alto nivel, Banco Santander suma un “Comité de Sostenibilidad presidido por el consejero delegado, comités locales de sostenibilidad en cada uno de los países donde está implantado y dos grupos de trabajo en riesgo reputacional y en finanzas climáticas”, desgrana Federico Gómez, director de Sostenibilidad de la entidad financiera. Por el contario, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de Iberdrola solo tiene funciones informativas y consultivas.

Imagen o convicción

Pero ¿es tan efectivo que la RSC esté sobre la mesa de los consejos de administración? El Centro de Buen Gobierno, una iniciativa de IE Business School y Grant Thornton, ha analizado la responsabilidad social de las 50 mayores empresas cotizadas españolas. “Los consejos de administración de las empresas son muy legalistas, los 50 aprueban la política de RSC, tal y como dice la Ley de Sociedades de Capital, pero solo 15 de ellos recogen una información desarrollada sobre la forma de acometer el trabajo, en el reglamento de las comisiones que se encargan de esta materia, según pide la CNMV. Estas 15 se toman la RSC muy en serio, y algunas superan las recomendaciones del supervisor bursátil. Aunque otras 10 se limitan a indicar una información básica, y el resto no dice nada”, resume Joaquín Garralda, profesor de RSC y Estrategia del IE.

El buen gobierno mejora, pero no llega a la mitad de las 50 primeras compañías las que realmente se lo toman en serio

Poner la responsabilidad social sobre la mesa de los máximos órganos rectores no es el fin. “Las empresas españolas están cada vez más interesadas por su sostenibilidad. Las comisiones de control de RSC son el brazo ejecutor de los consejos de administración en esta materia, se ha avanzado en explicitar lo que debería estar en el ADN de los empresarios”, recuerda Antonio Truán, profesor de Deusto Business School. La ley siempre ha sido un factor educativo importante, y “quedan varios cursos para igualar la legislación estadounidense y la británica, que nos llevan ventaja”, apostilla Truán.

Fuente: http://elpais.com/

Los profesores especializados de las escuelas de negocios acuden a las empresas en socorro de consejeros que no saben qué hacer con las nuevas funciones. ¿Quiénes se han puesto manos a la obra? Los administradores de Abertis, Acciona, Iberdrola y Repsol han creado comisiones específicas de RSC. El Comité de Gestión Responsable de Bankia informa constantemente al consejo de administración, y las comisiones encargadas de RSC en Iberdrola, Telefónica y OHL se reúnen mensualmente. Son indicios.

Fuente: http://elpais.com/

Entregado el PREMIO a la Mejor Tesis Doctoral sobre RSC/Sostenibilidad (conv. 2016)

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El Rectorado de la Universidad de Málaga acogió el pasado 13 de diciembre el acto de entrega del Premio a la Mejor Tesis Doctoral sobre Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, convocado, en su cuarta edición, por la Cátedra Santander de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga, patrocinada por el Banco Santander. El acto contó con la presencia del rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez Bueno; al que acompañaron Aurora María Martínez Fernández, responsable de Instituciones de Almería, Málaga y Melilla del Banco Santander; Cristina Quintana García, directora de la Cátedra; Carlos Benavides, profesor de la UMA, así como miembros del jurado de este premio.

Este premio, en el que colabora también la Fundación General de la Universidad de Málaga, constituye una iniciativa original, sin precedente en el ámbito nacional, que pretende incentivar e impulsar el desarrollo de investigaciones de calidad relacionadas con la Responsabilidad Social Corporativa.

A este certamen han podido concurrir tesis doctorales defendidas durante el año 2015 en cualquier universidad española, ya sea pública o privada, y que se hayan abordado desde cualquier disciplina relacionada con la Administración de Empresas, el Derecho, la Ingeniería, la Sociología, etc. En la presente edición se han presentado 35 tesis doctorales de gran calidad científica elaboradas de muy diversas áreas de conocimiento y defendidas en diferentes universidades españolas.

El premio, que cuenta con una dotación de 2.500 euros, se le ha concedido a María Dolores Odriozola Zamanillo, por su tesis doctoral titulada “La relación entre las prácticas de responsabilidad social laboral y la reputación” defendida en la Universidad de Cantabria.

Por otro lado, se ha otorgado un Accésit, con una dotación de 1.000 euros, a Dante Ignacio Leyva de la Hiz, por la tesis defendida en la Universidad de Granada titulada “Innovaciones medioambientales: estrategias corporativas e influencias institucionales”.

Además, el jurado ha decidido conceder una mención especial a las tesis que ha quedado en tercer lugar en las valoraciones, dada su gran calidad científica. Dicha mención se ha concedido a Juan Ángel Poyatos León, por su tesis doctoral “Análisis de la relación causal de la responsabilidad social corporativa y la performance financiera de las empresas” defendida en la Universidad Politécnica de Valencia.

Para la evaluación de las tesis, se ha constituido un jurado compuesto por miembros representantes del mundo académico y empresarial, con el objetivo de valorar no sólo el rigor científico y metodológico de los trabajos sino también en qué medida efectúan una contribución de utilidad para las empresas, organizaciones y para la sociedad.

Celebrada Conferencia sobre RSC en Calidad Pascual

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El pasado 13 de diciembre, en el marco de las actividades de formación que organiza la Cátedra Santander de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga, Francisco Hevia Obras, director de Responsabilidad Social y Comunicación de Calidad Pascual impartió la conferencia titulada“Responsabilidad Social Corporativa en Calidad Pascual”. La conferencia tuvo lugar en la Escuela de Ingenierías Industriales, en la ampliación del Campus de Teatinos y estaba dirigida a alumnos de la Universidad de Málaga de cualquier titulación y a la sociedad en general.

En su intervención, Francisco Hevia explicó el origen de la responsabilidad social y ofreció una visión sobre qué es lo que significa este enfoque de gestión en la empresa, destacando la necesidad de ser coherente en el trinomio Decir-Hacer-Ser y de la cooperación que hay que mantener con los grupos de interés. Además, en su conferencia fue describiendo la implantación de la responsabilidad social empresarial en el grupo Pascual.

Fuetne: http://www.catedrarscuma.es/

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